Hay que perderse en barrios como Colegiales, unos pasos al norte del corazón de Buenos Aires, cuando la primavera golpea con el olor del jazmín y los árboles hacen sombra en todo el adoquinado. A la capital argentina se la sigue llamando la París de Sudamérica por la ambición europeizante de su primer centenario, cuando el esplendor de principios del Siglo XX levantó palacios, avenidas amplias y edificios públicos monumentales. Pero su espíritu está aquí, donde los albores del siglo generaron algo más. La Buenos Aires de los migrantes, que en 1910 representaban a dos de cada tres habitantes, levantó barrios de casonas bajas. Construcciones de uno o dos pisos, un balcón abierto, ventanales a las calles estrechas y arboladas y decorados de yeso en el frente. En Colegiales todavía se ven la mayoría, aunque hay que empezar a buscarlas detrás de los anuncios de remate, entre obras de torres cada vez más altas. Este barrio, como casi toda la ciudad, no es ajeno a la explosión inmobiliaria.

Solo entre 2011 y 2019, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó 7,5 millones de metros cuadrados de construcción en el área metropolitana. El 98% se destinó a edificios de varias viviendas y más de la mitad se concentra en solo tres de los 15 distritos que dividen la ciudad, según el Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial. El registro histórico de construcciones aprobadas por la ciudad cuenta 66.000 obras registradas solo entre agosto de 2018 y febrero de 2020. Casi la mitad, unas 24.000, involucran demoliciones. Ese boom de la construcción, que está cambiando la cara de barrios como Colegiales, también le está ganando la carrera a la protección de edificios históricos. Buenos Aires tiene prohibido demoler edificios construidos antes de 1941, pero esa protección depende de un amparo judicial que exige que cada caso sea revisado según toque. Según organizaciones como Basta de Demoler, en la capital argentina hay más de 140.000 edificaciones que caen bajo este criterio. Pero para el relevo realizado en 2011 por la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad, apenas el 13% –unos 18.195 edificios– tiene valor de patrimonio histórico y poco más de tres mil poseen respaldo legal.

“Uno ve una demolición y de repente sufre una semana, dos, y se olvida. Pero el impacto en nuestras vidas existe: nuestro alrededor se vuelve más recto, plano, deja de interpelarnos”, dice la arquitecta Natalia Kerbabian, que hace cinco meses, angustiada por la cantidad de demoliciones que veía al caminar por la ciudad, empezó a dibujar los edificios desaparecidos para generar una memoria. Su proyecto, que llamó Ilustro para no olvidar, se ha convertido en una válvula de escape para cada vez más vecinos que sufren la demolición silenciosa de la ciudad como siempre la conocieron. “Esas casas son importantes porque conforman el espíritu de nuestros barrios, son las raíces de una ciudad que también crece a partir de sus historias”, cuenta Kerbabian, que ha creado un archivo de casi 50 edificios dibujados a mano, muchas veces basándose en imágenes de archivo porque los lugares ya no existen.

“Estamos hablando de un patrimonio que no es solo histórico. También es emocional”, dice la arquitecta, y recuerda un ejemplo concreto. Hace unos meses encontró una construcción en el barrio de Colegiales, una casona que el Gobierno subastó durante la pandemia y que hoy ya está en obras. Tras subir su ilustración a Instagram, los vecinos le contaron la historia: para 1988, una mujer llamada Paulina Badaraco de Capdevila había perdido ya a sus dos hermanas y decidió donar su casa familiar a la escuela de su barrio. El edificio estuvo habilitado hasta 2013, cuando fue desalojado por las autoridades. Cuando se puso en venta, una diputada exigió saber si el inmueble había sido realmente otorgado a la escuela. Su pedido es público. La resolución, no. La torre que se está levantando en esa parcela será la segunda de su calle, frente a la sucursal de un supermercado que copa toda la esquina justo en frente.

La protección cautelar que reciben los edificios catalogados protege su fachada, pero permite modificar los interiores y, en algunos casos, permite ampliar la construcción. Para Mauro Sbarbati, secretario de Basta de Demoler, hay un grave problema no solo en lo que desde su organización consideran un “catálogo mal hecho e insuficiente”, sino en la falta de claridad con que son tratados los casos. “Los edificios del catálogo definitivo debían ser analizados por la Legislatura, pero no sabemos a ciencia cierta si los discutieron o no”, dice. “Cada comuna [distrito] tiene un consejo consultivo que debería haber discutido el inventario, y ahí hay otro problema. Los vecinos deberían discutir y votar, y no enterarse de que un edificio va a ser derrumbado porque tiene puesta una valla y todo listo para vender el terreno”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Gobierno de Buenos Aires defiende que la ciudad no tiene un problema de demoliciones. “Es un tema de propiedad privada, del derecho de un vecino a pedir los permisos de demolición”, afirma un funcionario a este periódico. “Nuestra regla es: todo lo que se puede proteger, se protege. Pero no todo es protegible. No porque algo sea viejo debe protegerse. Todos los edificios anteriores a 1941 tienen una protección automática. Y frente a eso, el propietario puede pedir la evaluación para autorizar la obra o no”.

Buenos Aires aprobó un nuevo código de urbanización en 2018, pero entre elecciones presidenciales, un estricto confinamiento por la pandemia y la crisis económica perpetua, sus efectos empezaron a notarse recién el año pasado. El impacto que sufren los barrios de casas bajas tiene que ver con un aumento en la densidad: en barrios como Núñez, que también ha explotado en los últimos años, se ha triplicado la altura permitida en algunas zonas. El nuevo código también promueve lo que llama “convenios urbanísticos”, que permiten una construcción por encima de la norma a cambio del pago de una contraprestación de la empresa a cargo de la obra, que se destina a un fondo que financia otras obras en la ciudad “priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad social”, según la ley de noviembre de 2021 que anunció su creación.

El Observatorio del derecho a la ciudad, una organización independiente, detectó al menos 118 de estos convenios en 2021. El 48% se han concentrado en barrios residenciales de clase media alta, donde de por sí existe un gran desarrollo inmobiliario: Núñez, Palermo y Belgrano. La capital vive el boom de la construcción mientras ve pasar otra crisis: tiene más de 130.000 viviendas vacías (el 9,2% del total) y un tercio de su población alquila en un mercado rehén de la especulación y de un contexto económico nacional que hace imposible la compra de una primera vivienda.

El problema, coinciden todas las personas consultadas para este reportaje, va más allá de la identificación política. El ejemplo más claro son cuatro parcelas que desde hace meses están listas para la construcción de un edificio en Barrio Parque, una zona de embajadas y mansiones de la ciudad que ha mantenido tan bien su fisionomía que parece un barrio cerrado. Hace dos semanas, el diario Clarín reveló que la empresa a cargo de la obra quiere renegociar su convenio para levantar una torre de al menos 22 pisos en un sitio que ya tenía aprobada una construcción original de ocho, el doble del común en la zona. Los vecinos han empezado a movilizarse en contra del proyecto porque la empresa tiene la zona cerrada y con la maquinaria lista, aunque desde el Gobierno afirman a este periódico que está frenado y no volverá a revisarse. La regla de la Secretaría de Planeamiento Urbano es oír cualquier propuesta de convenio sin que esto signifique una aprobación automática. Las autoridades afirman que hay solo unos 30 convenios de ese estilo aprobados.

Una ciudad siempre a medio hacer

“Buenos Aires es una ciudad que, como metrópolis moderna, no tiene más de 130 añows. Por eso puede haber una tensión en la consolidación de una identidad”, afirma el historiador Eduardo Lazzari, que se dedica a la divulgación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Una charla con Lazzari es un paseo por los cambios arquitectónicos que ha vivido la ciudad en ese siglo y monedas: el esplendor de los palacetes del centenario entre 1880 y 1920; la explosión artesanal de los migrantes italianos y españoles que dibujaban en cemento en el frente de sus casas; la integración urbana gracias al subterráneo y al ferrocarril; el florecimiento de los edificios de hasta siete pisos que trajo la ley de propiedad horizontal en 1947; y las demoliciones entre la década del treinta y la de los ochenta, que integraron las avenidas y la autopista a la ciudad. “Buenos Aires nunca tuvo miedo a las intervenciones gigantescas”, afirma el historiador. “Es una virtud que tensiona entre el lamento por el patrimonio perdido y el empuje que la hace modernizarse”.

Para Lazzari “hay una deuda por parte de los últimos Gobiernos en establecer una política patrimonial más clara”, a diferencia de otras ciudades argentinas como Rosario, a orillas del río Paraná, o Salta, en el norte andino, donde la coherencia de su edificación se ha preservado mejor. El historiador lamenta que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que debería analizar cada edificio, “no tiene los recursos para lograr hacer su tarea como corresponde”, pero no cree que todo lo que ha hecho la ciudad sea terrible. El relleno de la zona portuaria que hoy es Puerto Madero, que conjuga las edificaciones más ostentosas de la ciudad con grandes espacios habilitados al público, o la incorporación de algunos plafones ferroviarios abandonados son algunos ejemplos. “En esos casos, la incorporación de lo privado con una reserva importante para lo público me parece bastante sana en general”, dice.

“Nadie dice que no se construya”, aclara Sbarbati, actual secretario de Basta de Demoler. “Solo advertimos que nadie está filtrando dónde se puede y dónde no”. La organización se ha convertido en uno de los grandes escollos del actual Gobierno de la ciudad, que en los últimos meses ha reabierto una demanda contra sus fundadores por su oposición a la construcción de una estación del subterráneo en una plaza del barrio de Recoleta declarada Área de Protección Histórica. La estación se terminó construyendo un par de calles más abajo, en los antiguos estacionamientos de la Facultad de Derecho.

“Nos asustó muchísimo al principio, pero le pusieron precio a nuestra trabajo. Algo habremos hecho para que reaccionen de esa manera”, afirma el Sbarbati, y defiende: “Nosotros solo buscamos que lo que está escrito como regulación sobre el patrimonio funcione. Y eso, evidentemente, toca muchos intereses”. Después define el gran problema: “Siempre hay plata para edificios de siete pisos, para torres, pero no para solucionar los problemas. Es todo para vender metros cuadrados que nadie en esta ciudad puede comprar”.

José Pablo Criales (publicado por El País el 21/11/2022)

Fuente: Buenos Aires derrumba su patrimonio arquitectónico europeo | EL PAÍS Argentina (elpais.com)

La Comisión Europea ha propuesto este lunes un “plan de acción para el Mediterráneo central” para combatir el flujo migratorio irregular por esta vía que, subraya Bruselas, ha aumentado un 50% desde 2021 para superar, en lo que va de año, los 90.000 migrantes. La llegada de esta iniciativa, que busca frenar la salida de los migrantes en sus países de origen, acelerar el estancado reparto de los demandantes de asilo en la UE y, también, revisar el marco legal en el que operan los barcos de rescate fletados por ONG, no es casual: este viernes, los ministros de Interior y Justicia se reúnen en Bruselas en un consejo extraordinario convocado tras el duro pulso protagonizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a raíz de la decisión de la dirigente ultraderechista de denegar la entrada a puerto del barco Ocean Viking con más de 200 migrantes rescatados a bordo.

Los nombres de Macron y Meloni no pasaron siquiera por la boca de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, cuando desplegó este lunes en Bruselas las 20 “medidas operacionales” de un plan que se presenta como un puente hasta que los Veintisiete den su visto bueno final al Nuevo Pacto de Migración y Asilo lanzado en septiembre de 2020 y que lleva desde entonces estancado. Bruselas quiere evitar a toda costa que esta nueva propuesta sea entendida como una concesión a posturas extremas como la del nuevo Gobierno italiano. No obstante, fuentes comunitarias reconocen que el “plan de acción” pretende “bajar la temperatura política”, que llegó a altas cotas en las últimas semanas, después de que Meloni derivara a Francia a los 234 migrantes rescatados por el Ocean Viking, el barco de la ONG SOS Mediterranée. Macron, acusado por la oposición de extrema derecha francesa de haber cedido en el pulso, respondió saliéndose del acuerdo alcanzado en junio en Bruselas sobre el reparto de refugiados relativo al mecanismo de solidaridad obligatoria.

“Los últimos eventos confirman que esta situación no es sostenible”, se limitó a decir Johansson respecto del pulso franco-italiano, que promete ser solo el primero de una larga serie, con una Italia decidida a hacer de la inmigración uno de sus campos de batalla en la UE. Suecia ―asumirá la presidencia rotatoria en enero―, es otro país cuyo nuevo Gobierno se dice dispuesto a endurecer las políticas migratorias. La del Mediterráneo central “sigue siendo una ruta con una de las cifras más altas de llegadas irregulares, pero también una de las más peligrosas. Tenemos que aumentar nuestros esfuerzos compartidos”, instó la comisaria, según la cual, la mayoría de los que llegan por esta ruta no encajan en las condiciones para ser refugiados, sino que son migrantes económicos.

El plan de acción se divide en tres “pilares”. Uno de ellos incide, aunque sin grandes precisiones, en la necesidad de discutir junto con la Organización Marítima Internacional un “marco específico” y “guías” para los barcos como el Ocean Viking. En plena crisis con el nuevo Gobierno de Roma por su intento de bloquear la entrada a puerto de varios barcos de rescate de diferente bandera, Bruselas recordó a Meloni a comienzos de mes que los Estados miembros tienen el “deber moral” y la “obligación legal” de rescatar a los migrantes en el mar, independientemente de las circunstancias en las que hayan llegado allí. Una posición que no ha cambiado, aunque hay, subraya Johansson, matices importantes.

“Salvar vidas en el mar es siempre la primera obligación. Pero hay muchos desafíos y la situación actual con los barcos privados operando en el mar es un escenario en el que falta claridad”, explicó la comisaria. Johansson indicó que el derecho del mar no preveía esta situación cuando se elaboró. La Comisión pide una “mayor cooperación entre Estados miembros, los países de bandera [de las embarcaciones], los costeros y otros actores relevantes”, aunque reconoce que no tiene “propuestas concretas”, ya que este asunto es competencia de los Estados. Aun así, indican fuentes comunitarias, no es lo mismo salvar a migrantes en plena mar en una situación de emergencia que patrullar justo al borde de las aguas internacionales colindantes con los países desde donde salen dichas embarcaciones, y ahí sí hay espacio para discutir. Johansson evitó pronunciarse sobre la demanda italiana de un “bloqueo naval” ante países de salida como Libia, pero sí recalcó la “gran necesidad” de “evitar” que los migrantes arriesguen su vida montándose en un bote precario.

La Comisión quiere reforzar, además, el mecanismo voluntario de solidaridad acordado en junio y por el que 21 Estados miembros o asociados se comprometieron a participar en este reparto solidario de demandantes de asilo y en asumir los costes. Al respecto, Johansson recordó que, aunque los Estados plantearon más de 8.000 ofertas para reubicar en sus territorios a migrantes, hasta la fecha solo se han producido un centenar de traslados. “Es importante reforzar la implementación” del plan y resolver los “cuellos de botella” que dificultan las reubicaciones, dijo.

Silvia Ayuso (publicado por El País el 21/11/2022)

Fuente: Bruselas presenta un plan para reducir el flujo migratorio en el Mediterráneo central tras el pulso entre Italia y Francia | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

En el primer Consejo de Ministros, el nuevo gobierno de Giorgia Meloni avanzó con una serie de normas que puede comenzar a imprimir un estilo para la nueva administración de Italia. El gobierno de centro-derecha ha generado varios debates sobre el tono político que ha decidido encarar.

Los organizadores de fiestas “raves” o “electrónicas” que no estén debidamente informadas pueden terminar con hasta 6 años de cárcel y multas hasta de 10 mil euros. Desde ahora, los eventos o reuniones ilegales serán perseguidas y penadas.

En segundo lugar, durante el estreno operativo del gobierno, el gabinete de Meloni decidió reintegrar de inmediato a los médicos que se negaron a ser vacunados sin esperar la fecha límite del 31 de diciembre. La medida, que trata de reincorporar a 4.000 médicos y trabajadores de la salud, ha generado un fuerte debate en el país.

Para algunos un “premio” para los no vacunados, como escribió Enrico Letta, secretario del Partido Demócrata. Mientras, el gobernador de Campania, Vincenzo De Luca calificó a la misma como “una decisión muy grave e irresponsable, una ofensa a la gran mayoría de los médicos responsables y una ofensa a los pacientes”.

Si bien, sostienen los que se oponen a estas decisiones, pueden considerarse temas menores, involucran una esfera de actuación sobre las libertades individuales. Con el nuevo gobierno ha habido una aceleración de algunas cuestiones pendientes de regularse. En el caso de las fiestas raves, se establece un nuevo tipo de delito: “Invasión de terrenos o edificios para reuniones peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública”. Quien organice o promueva la “invasión” – cometida por más de 50 personas – será castigado con prisión de tres a seis años y una multa de entre 1.000 y 10.000 euros.

La jornada en la que se dispusieron las medidas merecieron la evaluación de la propia Meloni. “Espero solidez y lealtad de mi equipo de gobierno. En Consejo de Ministros se respira un clima de gran entusiasmo, incluso con la conciencia de las dificultades que encontramos. Gobiernan la nación en el período más difícil de la historia de Italia, se dejan de lado formas de individualismo, y cuando hay diferentes puntos de vista, el objetivo de todos ha sido llegar a una solución”, dijo la primera ministra, para muchos respondiendo a cortocircuitos en el nuevo equipo gubernamental.

Meloni debió referirse en una conferencia de prensa al debate que generó la decisión de reincorporar a los médicos no inmunizados. En defensa de la calidad académica y científica de sus ministros, en especial el de Salud, Orazio Schillaci, precisó que las posturas de su gobierno no estaban basadas en un “enfoque ideológico”.

Como antecedente, la líder de Hermanos de Italia había tenido que soportar los cuestionamientos por nombrar a Schillaci en la cartera sanitaria. Algunos vieron como Meloni debió capitular promoviendo a un europeísta y un Ministro de Sanidad a favor de mantener el Pase Sanitario, una medida que el nuevo gobierno había amenazado con levantar.

Explicando los fundamentos del levantamiento de las restricciones para no vacunados, el ministro Schillaci indicó que los motivó un cuadro epidemiológico mucho menos alarmante que en los últimos meses y la escasez de personal que obliga a “garantizar el derecho a la salud”.

En el caso de las “restricciones” a las fiestas electrónicas, muchos creen que el caso de “Módena” -una fiesta rave que debió ser disuadida por la policía que se organizó en un almacén en desuso en vía Marino- fue un disparador, un pretexto para que el Gobierno acelerara una decisión que probablemente ya tenía en agenda. “Confiamos en el efecto disuasorio de la sanción accesoria del decomiso obligatorio de los medios que se utilicen para organizar estos actos”, ha explicado en rueda de prensa el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Juan Dillon (publicado por InfoBae.com el 01/11/2022)

Fuente: Regular las fiestas electrónicas y un guiño a los no vacunados: algunas de las primeras medidas del Giorgia Meloni – Infobae

Giorgia Meloni se convirtió en la primera Presidenta del Consejo de Ministros. ¿Qué nos dice la composición del gobierno más a la derecha de la historia de la Italia republicana?

En la década de 1980, el político radical Raúl Baglini explicaba que mientras más lejos se está del poder, más irresponsables son las posiciones de un líder o espacio político. Pero al ganar consensos y elecciones, el discurso se torna más sensato y moderado. ¿En qué medida el llamado “Teorema de Baglini” aplica en la Italia del siglo 21?

El domingo a la mañana, con el tradicional pasaje de la campanilla, Giorgia Meloni sucedió a Mario Draghi, quien es una referencia en las instituciones europeas e internacionales y quien obtuvo excelentes resultados — de hecho, en el último año y medio, el PIB de Italia creció más que el de Alemania, Francia, Estados Unidos, China y Corea del Sur.

Meloni, electa por quinta vez al Parlamento y sin formación universitaria ni experiencias relevantes en la administración, juró al frente de un gobierno cuya edad promedio es mayor a 61 años y en el que las mujeres representan el 25%. La coalición está conformada por Fratelli d’Italia (FdI, Hermanos de Italia), la Lega de Matteo Salvini y Forza Italia, de Silvio Berlusconi.

En la campaña, los tres líderes habían acordado implementar la ‘Flat tax’, una alícuota única, pero cada propuesta era diferente: Forza Italia quería una tasa fija al 23% (sin especificar las coberturas), que cuesta miles de millones y aumenta impuestos. Lega y FdI no presentaban una verdadera tasa plana, sino diferentes reformas del IRPF. No había una congruencia en el plano impositivo. Por otra parte, Italia seguirá recibiendo los fondos de recuperación de la Unión Europea hasta 2026. Draghi había diseñado una serie de proyectos, indispensables para el acceso a los recursos, ya que Bruselas no libera los fondos si las reformas no están aprobadas. Aunque con un equipo no tan competente como el de su predecesor, Meloni anunció que revisará ese plan. Y si bien con la crisis energética, la guerra rusa y la enorme deuda pública italiana, el ejecutivo no podrá alejarse de la agenda de Draghi, las primeras medidas, como nombrar a Salvini Ministro de Infraestructuras y eliminar el Ministerio de Innovación Digital, dos organismos clave para la ejecución del Recovery Plan, no parecen ser especialmente alentadoras.

Meloni, que en las últimas dos elecciones presidenciales estadounidenses se había pronunciado por Donald Trump, confirmó que el lugar de Italia es la Alianza Atlántica, y en el Parlamento italiano siempre mantuvo una posición pro-Ucrania ante la invasión rusa, votando a favor del envío de armas a Kyiv. Pero sus dos socios de gobierno son abiertamente filo-Putin, en especial Berlusconi, quien hace unas pocas semanas dijo que el presidente ruso «quería reemplazar a Zelensky con personas decentes.» Respecto de la Unión Europea, Meloni es presidenta del grupo político ECR (Conservadores y reformistas europeos), que reúne a la ultraderecha en el Parlamento europeo. Se identifica con los líderes nacional-populistas, como los franceses Marine Le Pen y Eric Zemmour, el húngaro Viktor Orbán y los españoles de Vox, todos decididamente soberanistas, agresivos hacia Bruselas y la integración europea. Luego de la salida de Draghi, Roma necesitará tiempo para volver a convertirse en un actor confiable en los vértices europeos.

Respecto de los derechos, es probable que esta legislatura vea pocas ampliaciones. La nueva ministra de Igualdad de Oportunidades y Familia, Elena Roccella, sostiene que «la familia está compuesta por un hombre y una mujer», y es contraria al aborto legal y la eutanasia. La premier Meloni, por su parte, se opone al ius soli, es decir al reconocimiento de la ciudadanía italiana automática para hijos de ciudadanos no italianos que nacen, crecen, estudian en Italia. Sobre la inmigración, el programa de FdI asocia a los inmigrantes con la criminalidad, y Matteo Salvini a cargo del Ministerio de Infraestructuras podría intentar ganar consenso mediante el cierre de puertos para barcos de ONGs, como hiciera en el pasado, en el gobierno Conte I, como Ministro del Interior. En esta línea, Meloni había propuesto un bloqueo naval para esos barcos, no obstante la Constitución italiana y la norma europea e internacional, ratificada por Roma, indiquen lo contrario.

En 2017, Meloni adhería explícitamente a la teoría del gran reemplazo, una idea conspirativa, muy popular entre los líderes ultra-conservadores de extrema derecha estadounidense y europea, que sostiene que los grupos políticos liberales y cosmopolitas buscan la sustitución étnica y cultural de las poblaciones blancas y católicas, “auténticas”, por otras de inmigrantes de culturas distintas, exóticas, impuras.

Al igual que muchos de los nuevos funcionarios, Meloni proviene de Alianza Nacional, el partido que sucedió al Movimiento Social Italiano (MSI), a su vez fundado por filofascistas luego de la Segunda Guerra Mundial, y se negó a quitar la llama del logo del partido. En efecto, el símbolo de FdI es prácticamente una copia del del MSI. Si bien muchos ven un regreso del fascismo a Italia, a cien años exactos de la Marcha sobre Roma, la Italia de 2022 no es la Italia de 1922, y por más reaccionario y conservador que sea este gobierno, es difícil hablar de un retorno del fascismo o de un gobierno fascista.

Carlo Calenda, líder de la coalición reformista y liberal compuesta por Italia Viva y Azione, dice que «más allá de la composición del gobierno, los tres partidos proponían cosas diametralmente opuestas. Salvini y Berlusconi van a sabotear el trabajo de Meloni. Y la realidad es que esta mayoría no tiene una línea común sobre las jubilaciones, finanzas públicas, impuestos, posición internacional. ¿Cómo gobernarán? El experimento de la derecha, es decir este gobierno, tiene que ir hasta el fondo. Allí veremos si se trata de un éxito o, como yo creo, de un desastre. En sus actos políticos, Meloni grita “Soy una madre, soy cristiana”, yo soy un padre y soy cristiano. ¿Esto resuelve los problemas de energía que tiene Italia? No.»

Meloni ya no apoya la salida de Italia del euro y la Unión Europea, ni evoca teorías conspirativas, al menos públicamente. Se expresa a favor de la colocación atlántica de Italia y en sus tweets ya no defiende a Mussolini, como hacía en su juventud, sino que se declara en contra del fascismo. A la luz de este cambio en el discurso, podría decirse que Baglini tenía razón.

Pero ni siquiera los más entusiastas seguidores de Meloni la consideran más capacitada que Draghi para gobernar. Si bien hay algunas figuras de valor, como Carlo Nordio o Guido Crosetto en las carteras de Justicia y Defensa, es difícil afirmar que este gobierno es mejor que el anterior. Las elecciones anticipadas y la remoción de Mario Draghi de Palazzo Chigi no son buenas noticias para Italia. Veremos los efectos en el mediano plazo, luego de la luna de miel, como ocurre en el Reino Unido luego del Brexit.

Se llama democracia.

Nicolás Futer (de su blog Personal)

Fuente: Un gobierno de derecha en Italia. Giorgia Meloni se convirtió en la… | by Nicolás Fuster | Oct, 2022 | Medium