junio 2021 - page 2

Lo certifica con brutalidad una encuesta realizada en abril por la consultora Taquion. En general, 6 de cada diez compatriotas dicen que se irían del país, lo cual es triste. Pero son entre 8 y 9 de cada diez los jóvenes que emigrarían, lo cual es aterrador.

Los argentinos menores de 25 años sienten en carne propia hoy el no future que propalaba el punk hace 45 años. El 85% de ellos ve el mañana con preocupación, miedo o desconfianza. Sólo el 6% le pediría plata prestada a un banco. El acceso al trabajo o a oportunidades de desarrollo, más la inseguridad, preocupa al 75%. No son datos que sorprendan.

Un país que no sólo no ha crecido en 50 años sino que profundiza su declive económico, con la pobreza estructural ya instalada en un tercio largo de la población, inflación indomable y a esta altura crónica (con su correspondiente y constante pérdida de poder adquisitivo), inseguridad creciente y presente, anomia perenne, corrupción impune, infraestructura deficiente, educación mediocre, con gestiones presidenciales que parecen competir entre ellas para ver cómo ser peores que la anterior; un país al que encima hay que sumarle 80.000 muertos por un virus maldito que acá pegó especialmente fuerte, entre otras cosas, por diversas incapacidades para estar a la altura que plantean desafíos mayúsculos, no puede generar otra cosa que desesperanza.

¿Cómo decirle a un chico que no sueñe con un lugar -cualquiera- donde conseguir trabajo sea fácil, la hamburguesa en un bar salga lo mismo este mes que el que viene y que pueda hablar por celular por la calle sin miedo a que se lo roben? Ese chico no está pidiendo demasiado para el mundo de hoy.

No hay números ciertos de cuántos argentinos se están yendo efectivamente, más allá del deseo generalizado. Según cifras disponibles de 2019, poquito más de un millón de compatriotas viven en el exterior. Un cuarto en España y un quinto en Estados Unidos. Después, Chile e Italia son los más elegidos.

Hubo una vez, hace un siglo y más, una Argentina que atraía. Según el censo de 1914, sobre 8 millones de habitantes, un tercio eran extranjeros. Ese país continuó siendo un imán por varios años: incluso en 1960, de 20 millones de habitantes, 2,6 millones habían nacido fuera de nuestras fronteras y vinieron acá porque, sencillamente, se vivía bien. Fueron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Tanos, gallegos, turcos, judíos, alemanes y muchos otros. Bajaban de los barcos. Urge actuar para que nuestros hijos no tengan tantas ganas de subirse a los aviones.

Fuente: La gran fantasía criolla: irse a vivir afuera (clarin.com)

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura se reunió de urgencia solo 24 horas antes de que se subastara el supuesto caravaggio en la Casa Ansorena de Madrid por 1.500 euros, y declaró la pintura inexportable. En una sesión extraordinaria, este organismo dedicado, entre otras funciones, a estudiar los bienes que se pueden vender fuera de España, protegió la obra. La venta frustrada es el episodio más reciente de un relato complejo que España e Italia escriben desde hace siglos. Pocos países presumen de tantos tesoros artísticos.

De ahí que los respectivos ministros de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes y Dario Franceschini, coincidieran este jueves en una reunión en Roma en la importancia de proteger un patrimonio tan vasto, en su poder de “cohesión social y territorial” y en su valor como “palanca” económica. La responsabilidad, al mismo tiempo, también es gigantesca: la “conservación y enriquecimiento” de estos bienes es un deber que recogen las dos constituciones.

La tarea de identificar, proteger y exponer tamaño acervo cultural desborda a las dos Administraciones. Y cualquier ladrón de arte lo sabe. A veces, ya sea por fraude o por un simple error, alguna obra maestra se cuela por la frontera y aparece en una colección privada o en algún prestigioso museo extranjero. ¿Cómo se salvaguarda un patrimonio tan inmenso?

“Resulta muy difícil de gestionar y catalogar el patrimonio de España e Italia”, responde Roger Dedeu, abogado experto en Derecho de la Cultura, del despacho Gabeiras & Asociados. La Junta española, formada por 22 miembros y un secretario (del ámbito universitario, del mundo de los museos, archivos, bibliotecas y también de las aduanas, la gestión tributaria y financiera pública, además de representantes de centros públicos), lo intenta. Se reúnen 11 veces al año en pleno, otras 11 para valorar peticiones de exportación y entre una y cuatro ocasiones más para otros trámites. En las sesiones plenarias, de hasta seis horas de duración, pueden valorar, según datos del ministerio, un gran volumen de expedientes: “Entre 300 y 600 páginas”. “Está plenamente cualificada, pero lógicamente no pueden saberlo todo sobre todos los bienes culturales”, explica Laura Sánchez Gaona, abogada especialista en arte y patrimonio cultural que después de años llevando casos de este tipo demanda “más dinero para Cultura para crear los medios necesarios y cruzar información, como hace Hacienda, que es una máquina infalible”.

Entre la marea de trámites y la ausencia, a veces, de ojo clínico, controlar con lupa todas las obras se convierte en un reto como la Junta. Algo que comparten, en cada región, las oficinas de exportación italianas pero cuya gestión depende del Ministerio de Cultura. “La cantidad de expedientes es un problema”, reconoce el catedrático Domenico D’Orsogna, de la Universidad de Sassari (Cerdeña). De ahí que Italia marcara el año pasado en hasta 13.500 euros el valor por debajo del cual una pieza de los últimos 70 años no necesita una autorización para la exportación. “Con tantas peticiones, de vez en cuando sale algo importante”, concede Stefano Alessandrini, historiador de arte antiguo y exasesor del Ministerio de Cultura italiano. El experto recuerda el caso de un valioso retrato de Camilo Borghese: “los listillos” esquivaron la oficina de Roma y solicitaron el expediente ante otra sede, donde sabían que habría más dificultades para identificar la obra. Además, lo presentaron como “retrato viril”, omitiendo el prestigioso sujeto.

Estratagemas

Precio bajo, autoría y atribución inciertas. Son algunas estratagemas habituales para colar una joya en una subasta y sacarla de Italia o España. La otra opción es, en palabras de Dedeu, “a la torera”. “Recuerdo camiones de frutas o de mudanzas llenos de objetos arqueológicos”, explica Alessandrini. El caso del banquero Jaime Botín ejemplifica este método: cuando le fue denegado el permiso de exportación para su picasso, Cabeza de mujer joven, lo llevó a Córcega en su yate, con la intención de enviarlo a Suiza. Pero también muestra el precio de saltarse la ley: la Policía aduanera detuvo la operación, Botín acabó condenado a tres años de cárcel y la pintura ya es propiedad del Estado español. “Otra consecuencia es que si se participa en una operación dudosa o ilícita automáticamente acaban en una lista negra de desconfianza”, agrega Dedeu. En el caso de España, según la ley de Patrimonio, puede incurrir en un delito de contrabando.

En 2020, el Ministerio de Cultura español otorgó a 12.986 piezas el pasaporte definitivo. En el caso de querer sacar de España obras con más de 100 años de antigüedad, la ley determina que este trámite es obligatorio. El aumento de las exportaciones, solo comparable a las cifras de 2016, se debió, según Cultura, a que “muchos anticuarios y casas de subasta aprovecharon el parón para solicitar permisos para sus fondos de piezas pequeñas, en su mayoría de numismática, apropiadas para venta en línea y de fácil envío postal”. De lo que no hay información es de los procedimientos ni las actas de la Junta, aunque se trata de un organismo público. Para Dedeu, aquí está una pieza de la solución: “No puede ser que descubramos sus criterios en una sentencia judicial”. El experto reclama, además, una “guía de orientación” para el propietario que solicite la exportación de una obra, al estilo de la que existe en Inglaterra.

En general, tanto la junta española como las oficinas italianas conceden el visto bueno a una aplastante mayoría de expedientes. Normalmente, por ser obras menores, pero no siempre. No es raro que se dejen salir obras de grandes artistas prolíficos y muy representados, como Joaquín Sorolla. Tanto la ley italiana como la española, al fin y al cabo, persiguen un difícil equilibrio entre la propiedad privada y el bien público. Ambas permiten poseer piezas susceptibles de pertenecer al patrimonio nacional, sin obligación de avisar. Pero iniciar un trámite para su exportación o venta permite al Estado no solo tener información de la obra, sino convertirse en un potencial comprador a través de su derecho de tanteo.

La protección oficial, sin embargo, no resulta atractiva para muchos propietarios. “Se les imponen una serie de obligaciones para su exposición, análisis o restauración”, aclara Dedeu. Además, el dueño pierde la opción de vender la obra en el mercado internacional, de ahí que su valor baje. A cambio, recibe beneficios fiscales que casi todos los expertos juzgan poco alentadores.

Conocer el patrimonio

Un conocimiento completo es otra misión casi imposible. Las comunidades autónomas, desde las direcciones de Patrimonio Histórico regionales, se encargan de hacer su particular valoración, protección y catalogación de los bienes. El supuesto caravaggio, por ejemplo, está bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, ya que fue en esta región donde se encontró. Desde Patrimonio de las comunidades se realizan además inventarios, una función que, al hacerse de manera independiente en cada región, multiplica el número de catálogos, de plazos de finalización de los mismos y por tanto, de falta de homogeneidad en la clasificación del patrimonio español.

En el caso del inventario de la Iglesia, la situación es especialmente complicada. “Llevamos décadas esperándolo”, dice Sánchez Gaona. “La ley del 85 en el artículo 28 prohíbe la enajenación de bienes de eclesiásticos a entidades privadas o particulares. Ese artículo especifica que hayan sido inventariados. Es decir, si no está inventariado se podría vender”. Pero esto es solo la teoría, porque como explica la jurista, hay una disposición transitoria en la ley que plantea que “se aplicaría a todos los bienes de la Iglesia hasta que se terminen los inventarios”. Por tanto, sin estos archivos ningún bien en posesión de la Iglesia se puede vender.

En el pasado, esta falta de control de los bienes eclesiásticos se tradujo en el expolio de muchas parroquias, iglesias y monasterios. No solo en forma de robo, también de ventas que no se han declarado, además de piezas que acaban en casas de subastas, son adquiridas y al intentar revenderlas comienzan los problemas. “No es justo que un particular compre de buena fe una obra sin tener idea de esa procedencia, pida permiso de exportación, se autorice y luego cuando se descubre que viene de un convento les obliguen a devolverla. No se puede pedir máxima diligencia a un comerciante si no hay inventarios bien hechos”, continúa la abogada. Italia, como recuerda Alessandrini, ha optado con cierto éxito por museos diocesanos provinciales que reunieran al menos las obras más relevantes en manos eclesiásticas. Y apunta otra solución: ante el expolio en yacimientos recónditos de ambos países, propone que para adquirir un detector de metales haga falta un permiso especial, como para la posesión de armas.

El expolio

Italia y España han sufrido un enorme expolio de patrimonio. El catedrático D’Orsogna recuerda que solo a partir de 1815 se difundieron las primeras ideas que apuntaban a que “las obras de arte son de todos”. Antes, básicamente, regía el Salvaje Oeste. Entre finales del XIX y principios del XX, España vivió la época de los cazatesoros estadounidenses, del marchante Arthur Byne y de Lionel Harris, dueño de The Spanish Art Gallery, en Londres. En este periodo salieron, en ocasiones piedra a piedra, edificios como el monasterio de Sacramenia (Segovia) y el de Ovila (Guadalajara); decenas de artesonados, tapices como los paños flamencos de la Catedral de Palencia o de Toledo; restos de fortalezas como la de Benavente. Muchas de estas piezas acabaron en el fastuoso complejo del magnate de la prensa William Randolph Hearst en California.

D’Orsogna cita el celebérrimo Vaso de Eufronio en Italia, sustraído de la necrópolis de Cerveteri y expuesto en los setenta en el Met de Nueva York: en su periplo hubo mentiras, millones, anticuarios muertos y viejas polaroids, hasta que terminó devuelto a su país de origen. Alessandrini menciona el Atleta Victorioso de Lisipo, expuesto en el Getty Museum de Malibú y cuyo capítulo final está por escribir: el Supremo italiano falló en 2018 que la estatua debía regresar. Pero todavía no ha sucedido. Alessandrini lo resume con una frase que le espetó hace años al entonces director del Metropolitan de Nueva York: “Los museos de EE UU son cuevas de Alí Babá”.

Los expolios españoles e italianos han provocado el desarrollo de leyes muy proteccionistas. En España, Ricardo de Orueta, desde su puesto de director general de Bellas Artes en la II República, puso en pie la Ley del Tesoro Artístico de 1933, una de las más avanzadas de Europa en aquel momento. En 1985, Javier Solana firmó la ley de Patrimonio vigente, que sucedió a la de Orueta. “Fue una ley necesaria en un país tan expoliado como España”, opina Sánchez Gaona. “Habría que actualizarla para integrar la faceta de los bienes culturales como objeto de mercado. Hay cierta confusión sobre cuándo uno puede verse restringido en su derecho de propiedad porque los criterios no son claros. Por eso muchas familias tienen miedo al bloqueo de sus bienes. Cuanto más se tenga en cuenta el interés privado, los particulares tendrán más fácil cumplir con sus deberes y así tener en cuenta su patrimonio como herencia cultural colectiva. Ahora hay tirantez, opacidad”, afirma.

Todos los expertos consultados coinciden, eso sí, en que los robos han disminuido. Además de ley y controles, sobre todo ha contribuido la diplomacia. Casi todos los países del mundo han ratificado una convención de la Unesco con la que se comprometen a no adquirir o importar bienes culturales de procedencia dudosa. Aunque la zona franca del aeropuerto de Ginebra sigue custodiando un tesoro artístico millonario, recuerdan varios expertos. Italia ha firmado además pactos de colaboración no solo con otros países, sino incluso con museos como el propio Met. “Se está creando la costumbre por la que los Estados deben buscar con buena fe una solución equilibrada”, agrega D’Orsogna.

Y eso no siempre conlleva el regreso de una obra: a veces, el país de origen puede conformarse con que se reconozca su pertenencia y conceder un préstamo de larga duración. A los tiempos de los robos, están sucediendo los de la sensatez. Mejor para todos. Y para el patrimonio.

Fuente: Arte: Cómo proteger del expolio el inmenso patrimonio histórico de España e Italia | Cultura | EL PAÍS (elpais.com)

Europa pisa el acelerador de las vacunas ante la llegada del verano. España sigue inmunizando con arreglo a los grupos de edad, excepto en casos de individuos con factores específicos de riesgo, y ahora avanza en la vacunación de las personas entre 40 y 49 años. Pero otros grandes países europeos han empezado a abrir la veda de las citas sin restricciones de edad. Lo que no significa, en todos los casos, que los más jóvenes vayan a recibir su dosis de manera inminente.

Italia dio un impulso a su campaña de vacunación con la llegada de Mario Draghi a la presidencia del Consejo de Ministros el pasado febrero. El expresidente del BCE puso al frente de la misión al general del ejército italiano Francesco Paolo Figliuolo, que cambió la estrategia, pero también gozó de un número mucho más elevado de dosis para administrar a la población. Ha sido un éxito. Hasta este jueves se han vacunado en Italia 35.817.595 personas, mientras que han completado la pauta 12.397.459, lo que supone el 12% de los mayores de 12 años, según los datos del Ministerio de Sanidad. Llegados a este punto, el Gobierno ha decidido abrir ya la lista de inscripción a toda la población.

Las prioridades han cambiado ahora. Puesta a salvo una parte mayoritaria de la población de mayor riesgo (en algunas regiones todavía no es así), el objetivo son ahora los jóvenes. Y, sobre todo, evitar que el mes de agosto se convierta en un mes perdido debido a las vacaciones estivales. Algo que el Ejecutivo italiano piensa resolver con la aceleración de la campaña, pero también ampliando la infraestructura de vacunación en determinadas zonas de veraneo.

Italia permite desde el jueves por la mañana reservar cita para vacunarse a todos los mayores de 12 años. Pero la apertura de la campaña de las vacunas a toda la población muestra pequeñas diferencias entre regiones: algunas han decidido esperar aún y concentrarse en los mayores de 18 años; otras, como Lombardia, Veneto, Campania y Calabria, comenzaron este jueves a aceptar reservas también a partir de 12 años. Hasta ahora, muchas de estas regiones realizaban de vez en cuando los “días de puertas abiertas”, jornadas en las que todo el mundo podía inscribirse para recibir la primera dosis de la vacuna. Algunos, como el de esta semana en Bolonia, han terminado con enormes colas y conatos de peleas, al no haber suficientes dosis disponibles para toda la gente que se había apuntado.

En Francia, será a partir del próximo día 15 cuando los jóvenes de 12 a 18 años se empiecen a vacunar contra la covid-19. La vacunación para esta franja de edad será “voluntaria” y “con el acuerdo de los padres, en ningún caso obligatoria”, explicó el miércoles el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, en el telediario de la noche de la cadena TF1. “[La medida] participa del movimiento de inmunidad colectiva que nos permitirá, esperemos, evitar el cierre de clases de colegio y liceo en el inicio de curso [en septiembre], y proteger a los adolescentes”, añadió Verán, antes de recordar que la medida cuenta con la autorización de las autoridades sanitaria “francesas, europeas y mundiales”. La inmunización se hará con la vacuna Pfizer-BioNTech.

El anuncio, después de que el lunes ya se abriera la vacunación a todos los mayores de 18 años, contribuye a la sensación de optimismo que, por primera vez en muchos meses, recorre Francia desde la reapertura de las terrazas de los cafés, museos, comercios y otros espacios públicos el 19 de mayo pasado. Un 50% de adultos en Francia han recibido la primera dosis. Le Monde, en un editorial, habla de un ambiente de “covida”, juego de palabras entre la covid y la movida madrileña, descrita por el rotativo parisino como el momento de “euforia creativa” y “diversión desatada” en la España posterior a la muerte de Franco.

Y los franceses saben que, sin vacuna, no habrá “covida” que valga. Por eso han aparcado las reticencias que mostraron al principio del proceso de vacunación, cuando Francia era uno de los países europeos con más escépticos y la lentitud en el arranque de la campaña sembraba las dudas en la ciudadanía. Entonces, cuatro de cada 10 franceses no tenían la intención de inmunizarse. Entretanto, la campaña de vacunación se ha acelerado, hasta superar el calendario previsto. Y ahora son más de seis de cada 10, o más, según algunos sondeos, quienes quieren vacunarse. Muchos ya solo tienen una cosa en mente después de un invierno de confinamientos, toques de queda y restricciones a la movilidad: las vacaciones del verano y la posibilidad de volver a respirar.

Pero la posibilidad de pedir citas para vacunarse no implica necesariamente que todos cuantos quieran pueda recibir su dosis. Es el caso de Alemania, que eliminará los grupos prioritarios de vacunación a partir del 7 de junio. Desde ese día cualquier persona mayor de 12 años podrá reservar una cita para vacunarse, lo que no quiere decir que vayan a conseguir una. De hecho, en los grandes centros de vacunación de ciudades como la capital, Berlín, es imposible encontrar un hueco ni en junio ni en julio ni más adelante. Y ha sido así durante semanas.

Hasta ahora se estaba inmunizando a tres grupos: el 1, de máxima prioridad (mayores de 80 años, personas que viven en residencias y trabajadores sanitarios de primera línea); el 2, de prioridad alta (mayores de 70, personas vulnerables por padecer determinadas enfermedades, policías, embarazadas y personas sin hogar), y el 3, de prioridad media (mayores de 60, personas con otras enfermedades, otros sanitarios, y trabajadores de determinados oficios como la administración de justicia, la educación o el comercio minorista). Los grupos 1 y 2 están prácticamente inmunizados, no así el 3.

Sin embargo, muchas personas que no pertenecen a esos grupos han logrado vacunarse en las consultas de médicos particulares que han podido decidir a qué pacientes administraban las vacunas. Las redes sociales y los grupos de WhatsApp rebosan de consejos sobre consultas en las que se puede conseguir cita, aunque sea en otro Estado. Vacunarse se ha convertido en una carrera ante la proximidad de las vacaciones de verano y, en muchos casos, en una cuestión de suerte o de confianza con un médico vacunador. Las asociaciones de facultativos se han quejado del acoso que sufren en sus consultas con llamadas constantes para preguntar si disponen de citas. El ministro de Sanidad, Jens Spanh, pidió paciencia cuando anunció el cambio a mediados de mayo: “No todo el mundo podrá vacunarse en junio”. Su Gobierno promete que todo el que quiera podrá hacerlo antes del final del verano.

Fuente: Covid-19: Los grandes países europeos empiezan a vacunar sin restricciones de edad | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com)

El 23 de mayo de 1992, cuando aterrizó en el aeropuerto de Palermo, el juez Giovanni Falcone decidió conducir el Fiat Croma con el que viajaba junto a su esposa, la también magistrada Francesca Morvillo, y los escoltas. Volvían de Roma, ninguno llevaba cinturón de seguridad. A las 17 horas, 56 minutos y 48 segundos, justo en el desvío hacia Capaci, 500 kilos de dinamita trinitrotolueno (TNT) ocultos bajo la carretera de Trapani a Palermo hicieron volar por los aires el coche. Desde el lugar del atentado puede verse todavía una torreta blanca donde alguien escribió en letras negras “No a la Mafia”. Justo ahí se escondió Giovanni Brusca, el hombre que activó el detonador por orden del capo Salvatore Totò Riina. El autor material de ese atentado ―y de cientos de crímenes más― fue detenido en 1996. Pero este lunes por la noche fue puesto en libertad después de cumplir solo 25 años de prisión gracias a su colaboración con la justicia.

Brusca, de 64 años, perteneciente a la familia de San Giuseppe Jato y afiliado a los corleoneses cuando se convirtió en uno de los niños mimados de Totò Riina, fue un delincuente sanguinario. El asesinato de Falcone fue el más célebre de cuantos cometió. Pero él mismo reconoció que había perdido la cuenta del número de crímenes ordenados o ejecutados con sus propias manos (la justicia le atribuye unos 150). Como el del niño Giuseppe Di Matteo, hijo de un arrepentido, que fue secuestrado a los 12 años y, tras 25 meses de cautiverio, fue estrangulado y disuelto en ácido.

El mafioso tenía que haber cumplido 30 años de cárcel. Pero ha descontado 45 días por cada seis meses pasados en la celda, un beneficio que se aplica a los condenados por pertenecer a la Mafia por su colaboración con la justicia. Al final fueron 25 años y evitó la cadena perpetua gracias a su colaboración con la justicia, que permitió el arresto de grandes capos y figuras intermedias de la Cosa Nostra, que en los años noventa desafió al Estado italiano con una oleada de atentados terroristas que también golpearon al segundo de Falcone, el magistrado Paolo Borsellino.

Brusca, conocido como ‘U Verru (el cerdo, en dialecto siciliano), no fue el único en arrepentirse de su generación. Fue arrestado el 20 de mayo de 1996. Acababa de cumplir 30 años y fue detenido con un hermano (su padre Bernardo había sido condenado años antes en el maxiproceso instruido por el propio Falcone). Las confesiones de Brusca permitieron abrir las primeras investigaciones sobre la supuesta negociación entre el Estado italiano y la Mafia ―fue el primero en hablar del famoso papello, el documento donde Riina escribió sus condiciones para dejar de matar―. También aportó información sobre el todavía oscuro asesinato de Borsellino.

La liberación de Brusca ha causado un gran impacto en Italia y en las familias de sus víctimas. Maria Falcone, hermana del magistrado, compartió ese dolor, pero explicó que la ley de reducción de penas para los arrepentidos, que ha permitido a Bruca salir antes de prisión, es una herramienta útil para combatir a la Mafia. “Es una noticia que me duele, pero así es la ley, una ley que mi hermano quería y que, por lo tanto, debe ser respetada. Solo espero que el poder judicial y las fuerzas del orden le vigilen muy de cerca para evitar el peligro de que vuelva a delinquir”, aseguró Maria Falcone, convertida ella misma en un símbolo de la lucha contra la organización criminal.

El ex primer ministro y secretario general del Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, reaccionó a la noticia de la liberación este martes: “Te deja sin aliento y te preguntas cómo es posible”, dijo. Pero añadió: “La hermana de Falcone nos recuerda a todos que la ley aplicada hoy la quiso también su hermano, que ha permitido tantos arrestos y ha desbaratado las actividades mafiosas, aunque sea un puñetazo en el estómago”.

Daniel Verdú (publicado por El País el 01/06/2021)

Fuente: Mafia italiana: El mafioso Giovanni Brusca, asesino del juez Falcone, en libertad tras 25 años en prisión | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

Argentina sufre una gravísima crisis económica. Pero el debate político, muy áspero, gira en torno a algo todavía más urgente: la falta de vacunas contra la covid. Y, sobre todo, la de Pfizer, que por ahora no llega al país. “Bajen la obsesión que tienen con Pfizer”, rogó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, después de que circularan informaciones (luego desmentidas) según las cuales el Gobierno argentino se había negado a que el fondo solidario Covax le proporcionara dosis del inmunizante estadounidense. Algo parece fuera de toda duda: Argentina pecó de optimismo y cometió errores graves en su campaña para comprar vacunas.

Hay que remontarse casi al principio de la pandemia para hilvanar la cadena de despropósitos. En julio de 2020, cuando Argentina llevaba ya casi cuatro meses en uno de los confinamientos más prolongados del planeta, el presidente Alberto Fernández anunció que la mayor compañía farmacéutica, Pfizer, iba a realizar en el país uno de sus testeos clínicos. Miles de argentinos se someterían a una vacuna experimental y, a cambio, Argentina dispondría de un trato preferente (en precios y prioridad de envíos) cuando el producto estuviera listo. Las relaciones entre Alberto Fernández y los dirigentes de Pfizer eran óptimas. Pfizer fue la primera vacuna autorizada por las autoridades sanitarias argentinas.

En agosto, sin embargo, se dio a conocer una iniciativa de AstraZeneca: la empresa británica había alcanzado un acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim y el empresario argentino Hugo Sigman para fabricar al menos 150 millones de dosis destinadas a Latinoamérica. Un laboratorio del grupo empresarial de Sigman, mAbxience, produciría el principio activo cerca de Buenos Aires y otro laboratorio en México, Liomont, lo dosificaría y envasaría. Las prioridades cambiaron en la Casa Rosada. Se apostó a fondo por AstraZeneca.

“En ese momento confiábamos en que iban a cumplirse los compromisos”, admitió el miércoles un portavoz gubernamental. Y los compromisos no se cumplieron. mAbxcience produjo el principio activo y lo envió a México, pero allí, por falta de materiales auxiliares (Estados Unidos prohibió su exportación) y por complicaciones administrativas, el proceso quedó frenado. Las primeras dosis de la AstraZeneca “latinoamericana” aún no se han comercializado. Solo han llegado a Argentina las envasadas en Estados Unidos y las fabricadas en India.

Paralelamente, encallaron las negociaciones de compra con Pfizer. Hubo dos obstáculos: el Gobierno de Buenos Aires se negó a pagar la distribución por parte de DHL (la compañía a la que Pfizer otorgó la exclusiva para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío) y Pfizer se negó a aceptar la posibilidad de sufrir demandas por “negligencia”, conforme establecía el decreto de urgencia posteriormente retocado y aprobado como ley por el Parlamento argentino. El punto de las posibles indemnizaciones, que en muchos otros países se dejó de lado, supuso la ruptura definitiva.

En los meses siguientes, diputados oficialistas ofrecieron explicaciones extrañas o directamente delirantes. Se llegó a decir que Pfizer había exigido glaciares como garantía. Hace solo una semana, el presidente Alberto Fernández declaró que algunas condiciones planteadas por la farmacéutica le ponían “en una situación muy violenta y comprometían al país”. No dio más detalles.

Además de por las compras bilaterales, Argentina podía acceder a vacunas a través de Covax, un fondo patrocinado por la Organización Mundial de la Salud destinado a distribuir internacionalmente los inmunizantes de la forma más equitativa posible. En febrero de este año, cuando aún se confiaba en la pronta llegada de los millones de dosis de AstraZeneca, un representante del Gobierno explicó que había solicitado a Covax la mínima cantidad posible. Podía encargar casi 50 millones de dosis (las necesarias para vacunar con el doble pinchazo a la mitad de la población), pero pidió nueve millones, el mínimo para acceder al fondo. “Optar por el piso mínimo fue una elección inteligente” y “oportuna” por “su relación coste-beneficio”, dijo ante la Cámara de Diputados, por vía telemática, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo.

Pocos días después, también en febrero pasado, estalló el escándalo de los “vacunatorios VIP”. Centenares de personas, entre ellos políticos, empresarios y periodistas vinculados al peronismo y el kirchnerismo, habían recibido la inyección fuera de turno y, en algunos casos, en la propia sede del Ministerio de Salud, junto al despacho del ministro. El ministro, Ginés González García, se vio obligado a dimitir. Los “vacunatorios VIP” quedaron adheridos como una lacra a la imagen gubernamental.

La escasez de vacunas se ha convertido en Argentina, como en otros lugares, en un problema crónico. A 2 de junio de 2021, según datos oficiales, menos de tres millones de personas, dentro de una población de más de 45 millones, han recibido las dos dosis. Y las vacunas en uso configuran un espectro ideológico peculiar: son, además de la británica AstraZeneca (por su presunta condición “latinoamericana”), rusas y chinas. Ahora se negocia la posible compra de vacunas cubanas. No hay productos estadounidenses.

El martes se levantó un escándalo después de que el delegado del Fondo Covax para Latinoamérica, Santiago Cornejo, dijera que Argentina le había pedido que no incluyera vacunas de Pfizer en sus envíos. Luego tanto Cornejo como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aclararon que eso se debía al problema legal con Pfizer (el supuesto de “negligencia”) y que la petición no reducía el número de dosis, de otros fabricantes, que iba a recibir el país. Vizzotti recordó asimismo que su Gobierno sigue negociando con Pfizer.

Las vacunas centran el debate político prácticamente cada día. Una semana atrás, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una figura señera de la oposición macrista, acusó al presidente Alberto Fernández y al exministro de Sanidad, Ginés González García, de no comprar el producto de Pfizer porque la compañía se negó a pagar sobornos. Cuando Fernández y González anunciaron querellas y demandas, Bullrich insistió, sin ninguna prueba, en sus afirmaciones. Las vacunas, se diga la barbaridad que se diga, son el flanco más débil de un Gobierno cuya popularidad se encuentra bajo mínimos.

Tras saltar el breve escándalo de Covax, el exministro González García explicó que el precio de las vacunas había sido un elemento fundamental a la hora de elegir. “Entre una que cuesta 20 dólares [en referencia a Pfizer] y otra que cuesta cuatro [en referencia a la rusa Sputnik], la cosa está clara”, dijo. Pero en algunos envíos la dosis de Sputnik ha llegado a pagarse a 22 dólares.

Enric González (publicado por El País el 03/06/2021)

Fuente: Vacunación en Argentina: La gestión de las vacunas se convierte en el flanco más débil del Gobierno argentino | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com)