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junio 2020 - page 3

Alejandro W. Slokar vicepresidente de la Cámara Federal de Casación sobre el caso AMIA: “el encubrimiento del encubrimiento es inmoral”

El viernes 22 de mayo, fue uno de los expositores en la conferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “Personas privadas de la libertad y la pandemia”. Tengo entendido que la Organización Internacional de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones habían indicado medidas en relación a este tema. ¿Cuál es la situación actual?

Efectivamente tuvo lugar ese encuentro virtual, con más de cien mil participantes continentales, en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a instancias del juez Raúl Zaffaroni. Allí se actualizaron las directrices que había elaborado el proprio tribunal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el carácter de órganos que interpretan y aplican la Convención Americana de Derechos Humamos. Ellos oportunamente habían establecido la necesidad de los estados de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad proponiendo un protocolo efectivo para evitar los contagios de COVID-19, y para que en el caso que sucedan se apliquen medidas efectivas de atención medica. Ambos organismos también sostuvieron la necesidad que los estados reexaminen la situación del encierro y que favorezcan la suerte de muchos presos hacinados mediante medidas alternativas. El panorama en la región es bastante dispar, escuchamos versiones de algunos expertos, inclusive dentro de la subregión, que lamentablemente eran aterradoras. El llamamiento internacional trata de atemperar el “encruelecimiento” de la privación de la libertad y, desde luego, es tanto humanitario como sanitario. Solo con gran necedad no se puede reconocer que desde el punto de vista epidemiológico en los lugares de encierro, como pueden ser los asilos, las cárceles, los institutos de menores, se producen contagios que impactan desde luego en el sistema sanitario de la sociedad por ocupar camas en los nosocomios. La situación de este fenómeno genera angustia, ansiedad, inclusive miedo. Me parece que hay que afrontar la situación con seriedad. Hace uno días en el orden carcelario federal, en el Complejo Devoto, hubo 16 casos de COVID-19 positivo. Estas personas están aisladas dentro del ámbito propio del servicio penitenciario que es la Unidad de Enfermedades infecciosas del Hospital Francisco J. Muñiz. Hay que prestar atención porque este virus por su capacidad de multiplicación es considerado una bomba infectológica y en un contexto de encierro su capacidad de multiplicación se triplica con relación al del medio libre.

Se van sumando denuncias sobre hostigamiento y persecución a miembros del Poder Judicial durante el periodo del macrismo, ¿piensa que hubo un intento del macrismo de armar una justicia a medida para perseguir la oposición?

Eso no puede provocar perplejidad de nadie. De algún modo no solo existió una justicia armada a medida, sino también una trama persecutoria, que definí como una pretendida “campaña de esterilización”, o sea, una tentativa de disciplinamiento o una cruzada que intentaba incapacitar un sector del Poder Judicial. Bajo esta perspectiva ya desde hace algunos años, a través del colectivo Justicia Legitima, presentamos denuncias en el orden internacional. Las primeras denuncias fueron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la presidia el jurista peruano Francisco Eguiguren Praeli. Otras denuncias se sucedieron en los años siguientes.

Fuimos avisadores de la crisis que se sufría dentro el Ministerio Público por la suerte de la Procuradora General Gils Carbó (2012- fin de 2017), quien encabezaba esa cruzada de la persecución macartista y demonizadora que llevó adelante el gobierno de entonces. Desde luego se encendió la luz de alerta de todos nosotros, acerca de cómo podemos llevar adelante la marcha de un poder de estado con legitimidad, con prestigio, con aceptación de la ciudadanía toda. Y lo que se puso en evidencia desde el gobierno no fue el Derecho, sino el revés.

El hecho de dar a conocer lo que había sucedido en la ultima dictadura hizo que la sociedad generara anticuerpos para que no haya otra dictadura. ¿Qué expectativa tiene usted de que lo ocurrido llegue a conocimiento de una importante porción de la población?

De nuestra parte tenemos el deber de llevar adelante y acompañar todo aquello que pueda facilitar la investigación mas profunda y mas amplia de todos estos graves episodios, porque comprometen la salud democrática. A más de 40 años todavía estamos debatiendo problemas como el espionaje político, con la complicidad judicial y también mediática. Bajo esta consideración, hablaría de indagar acerca de una campaña de criminalización arbitraria a un sector de la oposición y a sectores de la burguesía nacional. Este es el problema, desde lo mas abyecto y vil, que se demostró en algunos expedientes vinculados al caso D’Alessio. Es un escandalo que debe ser investigado tanto por el Poder Judicial, como por el Consejo de la Magistratura y por los fiscales. Es decir, si no se pone atención en todo esto comprometemos el futuro de la democracia en Argentina .

¿Cuál es su opinión sobre el audio de Michetti en donde intenta encubrir a uno de los ex fiscales acusados por encubrimiento del atentado a la AMIA?

Me parece lamentable. Aquí se revela una especie de voluntad de impunidad. Hablé algunas veces del despliegue de una estrategia oficial para el vacío de responsabilidad en el caso Amia y esto es grave porque no sólo se mutila la memoria de los argentinos, sino también se deshorna a las víctimas.

Me tocó intervenir, a partir del 2004 y en adelante durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, como responsable de la Unidad AMIA. Fui Secretario de Estado a cargo de la querella institucional para la acusación de parte del gobierno a partir del compromiso asumido en el año 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se indicó, tanto como en la sentencia del caso, acerca de “oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Hubo encubrimiento y hasta un sector del propio gobierno anterior pidió el juicio político al ministro y a otros responsables. Se trata del encubrimiento por partida doble y eso me parece inmoral y tiene que ser investigado y sancionado desde el Poder Judicial.

Edda Cinarelli

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