América Latina, cuando acceder al aborto legal es casi imposible
A la dominicana Rosaura Almonte le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada de siete semanas. Los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían en peligro la vida del feto. Murió a los 16 años. A los 19, Ida quedó encinta tras las violaciones constantes de un familiar. Las autoridades nicaragüenses le impidieron abortar, y la joven, con discapacidad intelectual, se vio forzada a dar a luz. Teodora cumplió casi 11 años de cárcel en un penal de El Salvador, condenada tras sufrir un aborto espontáneo en el baño de la escuela donde trabajaba. Y sus casos se repiten constantemente en América Latina, una región en la que se concentran los países con algunas de las legislaciones más severas del mundo en materia de derechos reproductivos.
Alrededor del 90% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas. En seis —El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinám—, la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida. No se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer, como en el caso de Rosaura —conocida como ‘Esperancita’—. Otros ocho Estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violación (Brasil, Panamá y Chile, por ejemplo) y anomalías fetales graves. Se cuentan por decenas las presas por abortar; por miles las obligadas a seguir con la gestación o las forzadas a recurrir a un aborto clandestino; y por cientos las muertas por la negativa de los sanitarios a interrumpir su embarazo, como denuncian las organizaciones de derechos humanos.
“Está claro que en la mayoría de países de Latinoamérica la vida de las mujeres tiene poco valor o ninguno”, lamenta Morena Herrera, histórica activista y miembro de la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Para las organizaciones de derechos civiles, la despenalización aborto en tres casos en Chile (riesgo para la vida de la mujer, violación y anomalías fetales) el añopasado fue una gran esperanza, como lo ha sido Argentina, que este jueves ha dado un paso clave hacia la legalización de esta intervención sanitaria. Pasos que pueden ir transformando la realidad de un continente ultraconservador y con un problema descomunal de desigualdad de genero.
En El Salvador, las organizaciones de mujeres llevan años tratando de sacar adelante una ley que permita el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o anomalías fetales graves. Aún no han logrado que se debata, pese a las críticas, reclamos y recomendaciones de la ONU, que considera que legislaciones como la salvadoreña son un riesgo para la salud y la vida de las mujeres.
El pequeño país centroamericano es para muchos uno de los ejemplos más extremos de lo que supone la prohibición total de esta prestación sanitaria. En este país hay al menos una veintena de mujeres presas condenadas por homicidio agravado por delitos relacionados con el aborto, aunque en la mayoría de los casos alegaron una pérdida involuntaria. Muchas, ni siquiera sabían que estaban encintas. Como Imelda, de 19 años y presa desde hace casi dos en una cárcel del Oriente del país. La joven, violada por su padrastro, desconocía que estaba embarazada hasta que se puso de parto en la letrina de su casa. La criatura vivió, pero los médicos que atendieron a Imelda la denunciaron. La joven pasó del hospital a la cárcel, acusada de intento de homicidio. Un equipo de abogadas ha recurrido el caso.
La prohibición de abortar, además, no ha hecho disminuir estas intervenciones. Sólo ha conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos e inseguros, como concluyen dos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher publicados en la revista especializada The Lancet en 2012 y 2017. Y son casi siempre las mujeres más pobres las que se ven afectadas por el veto. “Las ricas salen del país para abortar, las pobres recurren al aborto clandestino o se ven obligadas a seguir adelante con el embarazo”, denuncia la activista Cari Gaviria. Su país, Nicaragua, prohibió el aborto totalmente en 2006; una vuelta atrás que las organizaciones de derechos humanos consideran dramática.
La severa restricción del aborto supone un grave problema de salud pública. Al menos el 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y anualmente, unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas, apunta un estudio publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology.
Internet y las redes sociales han facilitado el acceso al aborto farmacológico a muchas, aunque sea adquirido en el mercado negro. También al asesoramiento de organizaciones especializadas a través de la Red. Sin embargo, en las zonas rurales y las mujeres con menos recursos se ven empujadas a usar métodos peligrosísimos, como introducirse una sonda en la vagina, o ácido; o a ingerir medicamentos o preparados en casa fuera de cualquier control.
Coincide además, denuncia Herrera, que los países donde el aborto está restringido o totalmente prohibido, el acceso a los anticonceptivos modernos no es sencillo o incluso está limitado. Tanto, que alrededor de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de contracepción moderna —aquella no basada en métodos considerados naturales o tradicionales—, según cálculos de la ONU con datos de 2017.
Y la despenalización tampoco es garantía en algunos lugares. Como en Costa Rica, donde la ley técnicamente permite abortar por riesgo para la salud de la embarazada, pero en la práctica el acceso a la intervención es casi imposible en la sanidad pública, alerta la abogada experta en Derechos Humanos Larissa Arroyo Navarrete. “Las mujeres se ven impedidas de acceder a la interrupción terapéutica del embarazo debido a los prejuicios del personal de salud, a la deficiente formación profesional técnica, médica y jurídica, y a la cultura institucional de los servicios de salud”, reclama Arroyo Navarrete.
Es lo que les ocurrió a Ana y Aurora, a quienes se impidió abortar pese a estar embarazadas de fetos con anomalías incompatibles con la vida y alegar riesgo para su salud física y mental. Ambas han denunciado a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aguardan sentencia o un acuerdo.
Esa institución ya ha condenado a otros países por situaciones similares. Como a Perú, que no solo obligó a una joven de 17 años encinta a seguir con el embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) sino que también la forzó a lactar los cuatro días que permaneció con vida tras el parto. La chica, conocida como K. L. aún hoy arrastra las consecuencias de lo que vivió. Lo considera una tortura.
María R. Sahuquillo (publicado en El País el 15.06.2018)
